Pensión garantizada universal: necesaria prudencia

l proyecto de ley anunciado por el Gobierno para reemplazar los beneficios del actual pilar solidario por una Pensión Garantizada Universal (PGU), adelanta una medida propuesta por ambas candidaturas presidenciales, y engancha con una demanda ciudadana que ha cobrado mayor fuerza en los últimos meses.

A diferencia del actual pilar solidario, caracterizado por un valorable y acertado criterio de focalización, la PGU avanza hacia entregar beneficios universales, y reconstruye el sistema previsional con una lógica diferente a la actual: una pensión común para todos los mayores de 65 años financiada con rentas generales, a la que se sumaría una pensión contributiva financiada con los ahorros acumulados por los trabajadores durante su etapa laboral activa, que incluye tanto los aportes obligatorios como los realizados voluntariamente.

En el ámbito práctico, la principal ventaja de una medida de este tipo es que permite aliviar en el corto plazo un problema que está afectando a muchas personas, estimándose que los beneficiarios del pilar solidario aumentarían en una primera etapa de 1,5 millones a dos millones. Desde el punto de vista del diseño técnico, dos serían los principales puntos a favor: primero, no se generarían desincentivos a cotizar, por cuanto el beneficio que se otorgaría independiente de si la persona es o no cotizante, y de si recibe o no una pensión; y, segundo, se fortalece una institucionalidad que apunta a que la solidaridad se financie con rentas generales y no a través de cotizaciones aplicadas al empleo formal, que no son sino un impuesto adicional al trabajo.

El gran desafío está en su costo. En el proyecto anunciado (pensión de $185 mil para el 80% de la población más vulnerable, una cifra intermedia para los que se ubican entre el 80% y 90%, excluyéndose solo al decil superior) el mayor costo se estima en US$ 3.200 millones anuales (1% del PIB), que, sumado al costo del actual pilar solidario totalizaría US$ 6.700 millones (2,1% del PIB).

Abandonar el criterio de la focalización y reemplazarlo por la universalidad, tal como se observa en las economías desarrolladas, ciertamente es atractivo. Pero en países más pobres, con finanzas públicas estresadas y múltiples necesidades sociales por resolver, la cautela es lo recomendable ante iniciativas de este tipo.